sábado, 28 de febrero de 2015

La ley electoral. Nota al pie de Pantanosa.




     «La ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, reguladora del principal medio de expresión de la voluntad popular, constituía un ejemplo modélico de la mala fe que se desprendía de todos y cada uno de los actos del legislador. Establecía tantos límites y condiciones a la voz de los ciudadanos y estaba redactada en unos términos tan retorcidos que, incluso como texto jurídico, resultaba anormalmente perverso. En concreto, el título III de dicha ley articulaba un método de interpretación y administración de los votos del cual se deducía inequívocamente la desconfianza que el poder profesaba al pueblo. Si uno ponía a prueba su paciencia el tiempo suficiente, terminaba por averiguar que la ley arbitraba un sistema electoral, llamado mixto, de lo más curioso. En resumen, la norma ordenaba lo que sigue:
     »El 30% de los escaños del parlamento se distribuía territorialmente, adjudicando a cada territorio una cuota fija de representación independientemente de su número de habitantes; a priori, correspondían dos escaños a cada circunscripción electoral -ya contase con un censo de diez millones de ciudadanos como de diez mil-, excepto para Ceuta y Melilla, que solamente tenían garantizado un escaño cada una. El 70% de escaños restante se repartía según el criterio de proporcionalidad, pero de una forma tan tortuosa que, en la práctica, el principio democrático de “una persona, un voto”, quedaba hecho añicos y el voto de cada persona pesaba más o menos dependiendo del territorio donde fuera otorgado y del partido al cual fuera otorgado. El objetivo de la ley,–-socavar la influencia de los partidos minoritarios aunque estuvieran implantados en todo el territorio del estado para reservar el gobierno sólo a aquellos partidos que fueran mayoritarios en todo el territorio-, hacía una única concesión: sobredimensionar la representación parlamentaria de partidos minoritarios que, al tiempo, resultasen mayoritarios en un territorio determinado, influencia que dichas minorías aumentaban cuanto mayor fuera la población de ese territorio. Así, un partido minoritario con apoyos dispersos a lo largo y ancho de todo el estado podía llegar a necesitar diez veces más votos para obtener un escaño que un partido minoritario ampliamente respaldado en un territorio específico. Solamente en el caso de que la población se concentrase en megalópolis de decenas de millones de ciudadanos, o en caso de que partidos implantados sólo en territorios precisos acaparasen el voto de sus respectivas circunscripciones y los partidos con implantación en todo el territorio del estado resultaran invariablemente minoritarios en cada concreta circunscripción, solamente en esos casos hipotéticos podían las elecciones arrojar un resultado que impidiese lo que en efecto sucedía, que los partidos mayoritarios con apoyo en todo el estado consiguieran escaños por muchos menos votos de los que costaba cada escaño a los partidos minoritarios no constreñidos a un territorio concreto.
     »El único resultado deseable que cabía esperar de semejante galimatías consistía en que el 97% de los votos depositados en cada circunscripción fuesen votos en blanco. Empero, de no alcanzar esa práctica unanimidad, el voto en blanco era computado, cómo no, torticeramente, de forma que afianzase aún más las mayorías de su circunscripción. Y de potencial voto subversivo pasaba a trocarse justamente en lo contrario, en adhesión a las mayorías a la vez que en detrimento para las minorías.»


Pantanosa, págs 315-316.

Imagen de Claudio Aldaz Casanova.

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